El presidente del INE, Lorenzo Córdova, se despidió de la Junta General Ejecutiva, órgano interno encargado de las decisiones administrativas del Instituto.
El consejero también anunció que el Consejo General emitirá esta noche un acuerdo para suspender todas las actividades encaminadas a la implementación del Plan B de la reforma electoral, hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva el fondo de la controversia constitucional.
Al finalizar la sesión de la Junta, Córdova hizo un recuento de los logros en nueve años que estuvo al frente del Instituto, tras la implementación de la reforma electoral del 2014.
Argumentó que la mayoría de las decisiones en el Consejo se aprobaron por unanimidad o mayoría. Incluso, recalcó, que los nombramientos de 33 directores o titulares de unidades técnicas que él planteó se avalaron por mayoría.
La Junta General Ejecutiva está integrada por los 16 titulares de direcciones generales, unidades técnicas y coordinaciones generales del INE, que en los últimos nueve años sesionó 279 ocasiones.
«Al concluir este periodo en la presidencia del INE y de esta Junta General les reitero, como presidente, todo mi respeto y mi más sincero afecto, y como ciudadano les digo sólo gracias, muchas gracias.
«Hoy desde la Junta, mañana para algunos en otros espacios, sigamos fortaleciendo la institucionalidad democrática que tanto le ha costado construir a la sociedad mexicana, que siempre será necesaria para la paz pública y el desarrollo de nuestro país. Y como coordinador de este trabajo, muchas gracias y hasta siempre», dijo.
El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, que fue su mano derecha durante nueve años, le aseguró que es ejemplo de un demócrata.
Enseguida, los directivos, que fueron propuestos por él y jamás votaron en contra de un acuerdo, le brindaron un minuto de aplausos.
En la última sesión, escuchó el informe sobre sanciones administrativas por parte del titular del Órgano Interno de Control, Jesús George, con quien ha tenido diferencias por su cercanía con Morena y sus críticas.
El funcionario informó que a través de los canales para denunciar actos de corrupción o comportamiento se recibieron 4 mil 265 quejas, pero todas son sobre el servicio en módulos de credencialización, por lo que 415 sí se consideraron relevantes, pero únicamente 88 se consideraron graves.
Se iniciaron 17 procedimientos de responsabilidades, pero 13 de ellos se consideran no graves, y los cuatro restantes son por abuso de funciones, conflicto de interés por pagos indebidos o por no contar con el certificado de estudios correspondiente.
Echan para atrás aval a lineamientos del Plan B
Este lunes, el Consejo General aprobaría los primeros lineamientos para la implementación del Plan B, pero -en su lugar- se aprobará un acuerdo para suspender todas las actividades encaminadas a su aplicación, luego de la suspensión de la reforma emitida por el Ministro Javier Laynez.
«Se determina suspender los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto para la implementación de la reforma electoral 2023, así como el Plan de Trabajo y Cronograma.
«Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como los órganos desconcentrados locales y distritales del Instituto, deberán aplicar en el ejercicio de sus funciones las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del Decreto (del Plan B)», indica el resolutivo que será votado por el Consejo.
El Comité para implementar la reforma había establecido que del 17 de marzo al 31 de octubre, el INE se dedicaría a crear lineamientos para realizar la reestructuración, reformar los instrumentos normativos y administrativos para acoplarlos a la reforma y calcular el costo que implicaría la reestructuración orgánica y ocupacional del Instituto, por lo que la aplicación del Plan B se realizaría hasta noviembre.
Sin embargo, el Comité Técnico deberá continuar con el análisis de impacto normativo de la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que también forma parte del Plan B, esto debido a que un Ministro de la SCJN únicamente determinó su suspensión en el Estado de México y Coahuila.
Por ello, se deberá adecuar la normatividad sobre propaganda gubernamental, comunicación social, equidad e imparcialidad en los procesos electorales.
Con la nueva normatividad, se permite que los funcionarios públicos emitan su opinión sobre temas electorales, justo en un proceso de elección, y se establecen reglas para la contratación de propaganda gubernamental.
Las nuevas disposiciones deberán estar listas antes del arranque del proceso electoral, que sería en septiembre si la Suprema Corte de Justicia no resuelve el fondo antes.
Érika Hernández
Agencia Reforma