CDMX. La Cámara de Diputados aprobó una nueva ley que da a las oficinas del Registro Civil la atribución de obtener los datos biométricos de la población, los cuales serán administrados por la Secretaría de Gobernación.
Aunque la expedición de la Ley General de Operación de los Registros Civiles generó consenso en la necesidad de homologar a nivel nacional una legislación sobre los trámites de la población ante el registro civil, también hubo rechazo a la creación de bases de datos con la información personal de los mexicanos sin la suficiente protección.
También se cuestionó que en la creación de un formato único de actas se omita el concepto de «sexo» y quede solo el de «género».
La ley se aprobó 299 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI, 131 en contra del PAN y MC, y 19 abstenciones del PRD. Se turnó al Senado para su revisión.
En la Ley se prevé la creación un Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID).
A la Secretaría de Gobernación le corresponderá diseñar y administrar el SID para la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.
También la gestión de la Clave Única de Registro de Población y la vinculación con los datos biométricos de su titular, que se realicen ante las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil o servidores públicos facultados para ello en territorio nacional o en oficinas consultares.
Segob también deberá concentrar y administrar la Base de Datos Nacional del Registro Civil, así como plantear y proponer las características mínimas que deberán contener la Base de Datos Estatal del Registro Civil que deberá haber en cada entidad.
La diputada por el PAN María Elena Pérez-Jaén propuso detener la discusión del dictamen, alertó que no se consideraban en la ley medidas de protección de los datos personales.
«Esta ley contempla la creación de un archivo central, bases nacionales y estatales de datos y un sistema de registro identidad, en los que se pretende concentrar la información de los datos personales que se recaben en las actas del Registro Civil, incluyendo datos biométricos sin que se acoten en el cuerpo de la legislación medidas de protección de la información que podría ser susceptible de ser sustraída», señaló.
Dijo que la información estará bajo la responsabilidad de un numeroso grupo de funcionarios, entre ellos los servidores públicos de los registros civiles de las entidades federativas, el personal de las representaciones diplomáticas en el extranjero y, eventualmente, dependencias y entidades de los sectores público, privado y financiero.
Sin éxito, la legisladora, ex comisionada del antiguo IFAI, llamó a detener la discusión y aprobación de la ley por el riesgo para la seguridad de los datos personales de la población.
El diputado de MC Braulio López Ochoa reclamó que con la nueva ley se podrán recabar datos biométricos de todas las personas, no especificado, de todos los estados de la República para dárselos a la Secretaría de Gobernación.
Su uso, alertó, no se encuentra justificado y no garantiza la protección de los datos de todos los mexicanos.
«Es decir, el objetivo de la iniciativa no justifica de forma alguna el uso de los datos biométricos ni los fines de contar con los mismos.
«Tampoco señala cuáles datos biométricos serían usados y sí establece que será la Secretaría de Gobernación quien emita los lineamientos correspondientes, lo que eso quiera decir. Esto elimina certeza sobre el uso, fin y protección de los mismos», expuso.
Llamó a los legisladores a estar conscientes de los riesgos que tiene el uso indebido de información personal y que se garantice el derecho a la identidad sin que se divulguen nuestros datos personales.
También sin lograr eco en su postura demandó que en la ley se precisara qué datos personales se recabarán y para qué fines.
«Sin ello, el margen para el uso indebido de los mismos es enorme, no se pone límite alguno para su obtención ni para su uso, Movimiento Ciudadano no puede aceptar que se ponga a las mexicanas y a los mexicanos en este estado de vulnerabilidad, no podemos votar a favor de una ley que no aclare cuáles datos ni por qué motivos.
A favor, la diputada del PRI Blanca Alcalá expuso que la ley tiene como objetivo establecer un nuevo ordenamiento que sistematice y homologue criterios respecto a los actos registrales que se realizan ante las autoridades competentes, como son los formatos únicos en materia de registro de población y de certificación.
«Destaca la prohibición de asentar en actas calificativos que pueden estigmatizar el registrado, tales como hijo ilegítimo, natural, hijo nacido o fuera del matrimonio o de padres desconocidos», destacó.
Aseguró que con la nueva ley se agilizan y estandarizan los trámites y requisitos en materia del Registro Civil; se homologan costos y se simplifica el procedimiento, brindando certidumbre y confianza al usuario; se facilita, entre otros trámites, la rectificación de actas por la vía administrativa, eliminando los juicios, entre otros beneficios.
