CIUDAD DE MÉXICO. Bajo el gobierno de la morenista Evelyn Salgado, el grupo criminal la Familia Michoacana (FM), expande su territorio en Guerrero. Domina la región de la Tierra Caliente y ya toca Zihuatanejo, región de la Costa Grande.
Desde hace una década Tierra Caliente, región que integra 9 municipios guerrerenses, es una zona de excepción donde no mandan los gobiernos estatal o municipal sino que el poder lo ejerce de facto la Familia Michoacana, grupo dirigido por Jhonny (sic) Hurtado Olascoaga, «El Pez», y su hermano José Alfredo, «El Fresa».
Desde hace 7 años se ofrece por ellos una recompensa de 3 millones de pesos y, aunque en los pueblos todos ven a los hermanos, para las autoridades resultan invisibles.
Habitantes de tres municipios de la región acusaron en un comunicado a la Gobernadora Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, de proteger a la FM.
«Sabemos lamentablemente que la persona en quien confiamos nuestro voto, Evelyn Salgado Pineda, nos ha traicionado con ser cómplice de dicha organización criminal llamada ‘Familia Michoacana’. Al buen entendedor pocas palabras. ¿Cómo se explica tanto poder de dicha organización?», denunciaron.
La FM controla a todos los alcaldes; domina a fuerzas locales de seguridad y, si hay operativos en búsqueda de sus líderes, moviliza a grupos de pobladores para bloquear caminos y cerrar el paso de las autoridades.
Teodomira Rosales, directora de un centro de derechos humanos regional, asegura que la FM financia campañas de políticos.
«Los alcaldes y alcaldesas de Tierra Caliente sólo están de adorno porque le deben favores a la delincuencia», afirma Rosales.
El PRI gobierna cinco municipios, Morena dos y el PRD dos más de la región. Pero las acciones de la FM se han intensificado desde la entrada de la morenista Evelyn Salgado, en octubre de 2021, quien asumió la candidatura que el Tribunal Electoral le anuló a su padre.
Controlan el comercio
El grupo criminal distribuye productos básicos a comerciantes e impone precios. El huevo cuesta entre 80 y 100 pesos; el kilo de tortilla entre 24 y 30 pesos; un refresco de bote entre 18 y 25 pesos; el six de cerveza entre 120 y 150 y pesos, y el bulto de cemento entre 170 y 210 pesos.
Quien no venda en esos precios es golpeado o desaparecido. Además hay cobro de piso a comerciantes establecidos e informales.
En tres años, 44 personas han muerto en masacres atribuidas a ese cártel. En febrero pasado, cinco policías comunitarios, rivales de la FM, y detenidos por la Guardia Nacional, fueron entregados al grupo criminal. Y se encuentran desaparecidos.
Los jueces demoran permisos para cateos. Un ejemplo: la jueza de control Isis Peralta negó órdenes de cateo a ranchos de «El Fresa» en Arcelia, Tlalchapa y San Miguel Tototolapan, según denunció en su momento el entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía.
En los 9 municipios de la región no hay servicio de internet y telefonía celular por las tardes. Unos lo atribuyen a un acto de autoridad para entorpecer acciones criminales. Otros señalan que hasta la señal la controlan los criminales. Pero quienes padecen realmente el corte de señal son los pobladores.
Foto: Agencia Reforma