El Poder Judicial Federal (PJF) revisará si es constitucional el despliegue de la Guardia Nacional (GN) en el Metro de la ciudad.
Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, admitió hoy a trámite una demanda de amparo que alega violaciones a cinco artículos de la Constitución por la presencia de seis mil 60 elementos no armados de la GN en el Metro desde el pasado 12 de enero, solicitada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y autorizada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si bien admitió la demanda a trámite, el juez rechazó conceder una suspensión provisional, por lo que no hay obstáculo para que la Guardia permanezca en el sistema de transporte, luego que el Gobierno argumentó que su presencia es necesaria para prevenir el robo de cableado y presuntos actos de sabotaje.
Gerardo Álvarez García Peña, quejoso en el amparo, puede impugnar la negativa de suspensión mediante una queja ante un tribunal colegiado de circuito, pero es poco probable que el Poder Judicial interfiera, por ahora, en una medida que oficialmente busca garantizar la seguridad pública.
El amparo alega violaciones al artículo 21 de la Constitución, que establece las características y funciones básicas de la Guardia Nacional y del sistema de seguridad pública, así como al 134, que ordena ejercer los recursos públicos «con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez».
También se acusa falta de motivación y fundamentación legal en la decisión de movilizar a la GN, misma que no fue reflejada en algún acuerdo o decreto difundido públicamente.
Una de las críticas por el uso de la Guardia en el Metro ha sido la gran cantidad de elementos asignados, pues solo en Guanajuato, el Estado de México y la propia Ciudad de México hay más personal de esa corporación, y el sistema de transporte ya contaba con vigilancia de más de 5 mil 800 integrantes de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial.
Santos dio 15 días a las autoridades responsables para rendir informes, y fijó la audiencia constitucional para el 23 de marzo.
La sentencia que eventualmente dicte el juez, ya sea desechando el amparo o pronunciándose sobre el fondo del caso, también será revisable por un tribunal colegiado.
Álvarez litigó recientemente un amparo que pretendía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplique a la sustancia psicodélica LSD, el mismo criterio de permisión administrativa para autoconsumo recreativo que ya tiene establecido para la mariguana.
La Ministra Margarita Ríos-Farjat publicó un proyecto que negaba el amparo, alegando que el LSD causa daños graves a la salud, y Álvarez se desistió de su amparo antes de que el asunto pudiera ser votado en la Primera Sala de la Corte.
Víctor Fuentes
Agencia Reforma