La defensa de Ovidio Guzmán López, «El Ratón», aseguró que no tiene conocimiento de que exista una orden de aprehensión contra su cliente, por delitos cometidos en México.
Al salir del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el penal del Altiplano, el abogado Alberto Díaz Mendieta comentó que de momento tampoco puede decir si el hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se allanará a la extradición, es decir, si renunciará a su defensa legal para irse a Estados Unidos.
«¿Existe el interés de allanarse a la extradición?», se le preguntó en entrevista el viernes pasado.
«No, es que no se puede hablar todavía de una estrategia ni de nada hasta que no presente el gobierno que lo requiere la petición formal, esto nada más es una provisional», respondió.
«¿No tiene una orden de aprehensión pendiente ante la justicia mexicana?», se le planteó a Díaz Mendieta.
«No, que yo sepa», sostuvo.
«¿Su cliente ya tiene contratado un despacho de abogados en Estados Unidos?», se le insistió.
«No, todavía no», dijo.
En octubre de 2019, tras el «Culiacanazo», el entonces Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que en ese momento no existían acusaciones penales contra Guzmán López ante la justicia mexicana.
Respecto a las pruebas que dice tener Estados Unidos para juzgar al hijo de Guzmán Loera, entre ellas conversaciones en chats de Blackberry, el litigante respondió que tampoco haría comentarios hasta no conocer la petición formal de extradición, cuyo plazo de entrega al juez vence el 5 de marzo próximo.
«Es que no se puede adelantar los hechos y los cargos, hasta que presente el gobierno de (Estados Unidos) de América la petición formal. Esto fue una audiencia informativa», dijo.
Hace un lustro, Díaz Mendieta fue abogado de Víctor Manuel Félix Beltrán, «El Vic», presunto operador financiero de los hijos de El Chapo, quien se fugó el 29 de enero de 2020 del Reclusorio Sur.
A la fecha, «El Vic» no ha sido recapturado.
De acuerdo con la prensa potosina, el año pasado este abogado también fue designado como representante legal de Mónica Rangel, ex candidata de Morena a la Gubernatura, quien se declaró culpable de un fraude de 22 millones de pesos y quedó en libertad, tras un mes de reclusión.
