El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ayer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) desobedecer los mandatos de los jueces, cuando se pretenda liberar a delincuentes en un «sabadazo».
En la conferencia matutina, el Mandatario instruyó a los funcionarios para que se nieguen a acatar las resoluciones de los juzgadores y pidió que respondan, por escrito, a las órdenes de liberación, argumentando que tienen «otros datos» sobre los cargos o procesos contra los acusados y así evitar que salgan de prisión.
«Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: no puedo, porque yo tengo otros datos y ¡que se aguanten!», soltó.
Sin embargo, especialistas en materia legal consideraron que el llamado de AMLO es en sí mismo una conducta delictiva que atenta contra la autonomía del Poder Judicial.
«Lo expresado por el Presidente lo ubica en la posible comisión de diversas modalidades de delitos contra la administración de justicia, contempladas en el artículo 225 del Código Penal Federal», dijo Jorge Lara, ex subprocurador Jurídico de la extinta PGR.
Explicó que los funcionarios que atiendan el llamado presidencial se exponen a ser procesados y destituidos del cargo.
Estefanía Medina, quien fue directora para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Visitaduría General de la PGR, señaló que la apología del delito es una figura aplicable para el llamado del Presidente, cuya postura también calificó de contradictoria.
La instrucción presidencial fue anunciada luego de que la Suprema Corte anuló la reforma de 2019, que impuso prisión preventiva forzosa para personas acusadas de ciertos delitos fiscales, entre ellos, la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo.
Por su parte, diputados de Oposición acusaron que la instrucción atenta contra el Estado de Derecho, los derechos humanos, la Constitución, el Poder Judicial y la división de poderes.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que lo dicho por el Presidente no sólo es desafortunado, sino un síntoma grave del autoritarismo que ha caracterizado su estilo de Gobierno.
Benito Jiménez, Claudia Guerrero, Abel Barajas y Martha Martínez
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22 DE NOVIEMBRE
«Ahora estamos presentando denuncias a todos los jueces que se considera actúan en complicidad con la delincuencia y los denunciamos ante la Judicatura».
22 de noviembre.
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6 DE ABRIL
«Que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si (los Ministros) son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales».
