En sesión ordinaria de Pleno, se instruyó a la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas entregar en un máximo de cinco días información referente a la liquidación de un servidor público que se desempeñó como secretario general, así como facturas por viáticos y gastos de representación de una diputada.
La primera ponencia estuvo a cargo de la comisionada Nubia Barrios Escamilla, quien explicó que derivó de una solicitud de información pública en la que se pidió copia del pago de los finiquitos o liquidaciones de cuatro anteriores directores y dos extitulares de la Secretaría General.
El solicitante quedó inconforme al no recibir la información de uno de los secretarios bajo el argumento de que esta se encuentra reservada al estar bajo revisión de la Auditoría Superior del Estado.
Al respecto, Barrios Escamilla explicó que según el acta de Comité de Transparencia entregada por la LXIV Legislatura, fue un día después de recibir la solicitud cuando se reservó la información de manera general, lo cual no está permitido en la ley local de transparencia.
Resaltó que la información referente a liquidaciones de los servidores públicos es una de las obligaciones de transparencia comunes, mientras que, en la prueba de daño, no se justificó por qué su entrega sería objeto de algún daño a la auditoría.
Así mismo, citó que el IZAI puede desclasificar la información cuando el interés público sea mayor, como lo establece el Sistema Nacional de Transparencia a través de los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información.
Por lo anterior, se instruyó a que en un plazo máximo de cinco días se desclasifique la información y se informe sobre el finiquito del exsecretario general.
El comisionado Samuel Montoya Álvarez resaltó que la clasificación de información se debe realizar luego de un estudio caso por caso y no de forma general, por lo que llamó a los sujetos obligados a privilegiar el interés público conforme a la ley.
En el mismo sentido, la comisionada presidenta Fabiola Torres Rodríguez resolvió otra inconformidad derivada de una solicitud de información de los gastos erogados por quien fuera presidenta de la mesa de la LXIV Legislatura del Estado de septiembre a diciembre del 2021, así como copia de facturas, notas y recibos por pagos de alimentos, gasolina, hospedaje y boletos de avión.
Como en el caso anterior, el sujeto obligado pretendió clasificar la información bajo el argumento de encontrarse en un proceso de auditoría aún inconcluso.
En su análisis, Torres Rodríguez puntualizó que la información solicitada es pública e incluso, al ser una de las obligaciones comunes de transparencia del último semestre del 2021, debe encontrarse publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
“Como lo vimos en el caso anterior, el sujeto obligado no estableció en la prueba de daño por qué la información solicitada pondría en riesgo el proceso de auditoría que se lleva a cabo” señaló, y agregó que no se vulnera dicho procedimiento, pues este deriva de una denuncia en otra materia.
El Pleno coincidió en que es derecho del ciudadano saber cómo se ejerce el recurso público, por lo que la Legislatura debe entregar en un plazo máximo de cinco días, facturas de pagos en restaurantes, combustible, boletos de avión y hospedaje de quien fungió como presidenta de la mesa de la LXIV Legislatura de septiembre a diciembre del 2021.
