De los 52 centros de rehabilitación que se encuentran registrados en Zacatecas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), apenas 14 pertenecen a la Red de Centros de Tratamientos para las Adicciones del Estado de Zacatecas (Red-Cetradiz) y, de estos, únicamente seis cuentan con su licencia del Consejo Nacional contra las Adicciones.
Por lo anterior, la Red, junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presentaron la tarde de este viernes una iniciativa de ley con la que se busca regularizar esta clase de centros, cuya presencia en el estado se ha incrementado sin alguna clase de control, por lo que se han registrado casos de abusos y tratos indignos a los pacientes.
María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la CDHEZ, explicó que la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación, Reinserción Social y Control de las Adicciones del Estado de Zacatecas, que fue llevada al Congreso local, establece las bases para que haya una coordinación entre autoridades estatales y municipales con instituciones sociales y privadas orientadas a este rubro.
También define como de carácter prioritario para el sector salud la atención y el tratamiento para las personas con adicciones, al asegurar que no existe un establecimiento público que atienda esta situación en Zacatecas.
“Es importante señalar que esta ley se empezó a construir precisamente a solicitud de la Red-Cetradiz, que aglutina a diversos centros (…), de manera muy específica lo que busca esta ley es que el asunto del tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con adicciones sea un aspecto fundamental en la agenda legislativa, pero también en la de las autoridades estatales para combatir este flagelo”, resumió Domínguez Campos.
Por su parte, Víctor Campos, presidente de la Red-Cetradiz, señaló que ha habido un incremento en el número de pacientes que atienden los establecimientos agremiados, de los que algunos de estos delinquen hasta tres veces al día para sostener su adicción.
“Los centros se están aprovechando de todo este tipo de situación en el estado, porque hemos llegado a oír que cobran muchísimo. Ni siquiera están en la red, no están bien constituidos y empiezan a querer engañar a la población con que están certificados”, acusó.
El presidente de la red recordó que ha visto incluso la clausura de centros de rehabilitación cuyos tratamientos han llegado a dañar la dignidad de sus pacientes, por lo que Domínguez Campos insistió en que el objetivo de la ley presentada es establecer medidas y mecanismos que protejan los derechos humanos de las personas con adicciones por parte de estos centros.
