María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), aseguró que “en estos momentos Zacatecas padece la peor crisis de inseguridad, violencia y criminalidad en su historia”.
Abundó en que “cada día suceden hechos más crueles que evidencian el desprecio por la vida humana, el incremento de actividades criminales y el aumento de víctimas directas e indirectas, teniendo como consecuencias la vulneración de derechos a la vida, integridad, libertad y dignidad de miles de personas”.
Durante su informe de actividades 2016-2022, Domínguez Campos expuso que lo que ocurre actualmente en la entidad traspasó las fronteras de lo impensable, demostrando desprecio por la vida: “la delincuencia no solo asesina a hombres, mujeres o jóvenes, también mata a niñas, niños inocentes sin el menor recato, lo mismo en la calle que al interior de una iglesia”.
Recordó, ante el diputado de Movimiento Ciudadando (MC) Enrique Laviada Cirelol, presidente de la mesa directiva de la Legislatura, y el magistrado presidente de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, que durante 2021 se cometieron mil 618 homicidios dolosos y en los primeros cinco meses de 2022 han asesinado a 389 personas, de las cuales 25 eran policías en activo.
La titular de la CDHEZ expuso que “una consecuencia de la profunda crisis que vivimos de inseguridad y violencia son las alarmantes cifras de desaparición de personas en el estado”.
Aludió que, actualmente, Zacatecas tiene un total de 2 mil 898 personas desaparecidas, de las cuales en el 2021 desaparecieron 800 y durante los primeros meses de este 2022 suman 246, “lo que evidencia una grave violación de derechos humanos y deficientes mecanismos gubernamentales para prevenir y contener este delito.”
Urgencias
María de la Luz Domínguez añadió que otra consecuencia del contexto de inseguridad que se vive en el estado es el fenómeno del desplazamiento forzado interno por razones de inseguridad, prevaleciente en como Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Monte Escobedo y otros”.
“Esto ha obligado a las familias a escapar masivamente de sus comunidades y de su lugar de residencia habitual, como resultado de la violencia”, recalcó.
Por ello, urgió a la implementación de un Programa Integral de Atención a las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno por razones de inseguridad, a efecto de que se garantice a las familias seguridad, alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, educación, trabajo, atención integral y el retorno seguro a sus comunidades.
“Un programa que permita atender, proteger, consolidar y estabilizar socioeconómicamente a la población afectada, hasta, en tanto, puedan alcanzar una solución duradera a esta problemática”, esto porque las comunidades han sido sitiadas por el crimen organizado y el Estado mexicano aún no ha podido recuperar esos territorios.
“Por ello, la principal exigencia de la población zacatecana es: seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos”, enfatizó.
La presidenta de Derechos Humanos que las autoridades actúen con responsabilidad, “fortaleciendo y modificando los programas y estrategias de seguridad que permitan salvaguardar la vida, integridad, derechos, libertades y patrimonio de la población”.
Sentenció que, en los casos de comisión de delitos, las autoridades deberán llevar a cabo la investigación, persecución y sanción de estos, de manera eficaz, eficiente y con la debida diligencia que garantice justicia a las víctimas, reparación integral y la erradicación de la impunidad.
Insuficiencia
Domínguez Campos informó que en los seis años al frente de la comisión fueron abiertos 27 mil 728 expedientes de los cuales 13 mil 58 correspondieron a asesorías, 3 mil 613 a gestiones y 4 mil 57 quejas.
De las quejas, 200 derivaron en recomendaciones: 64 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de las cuales 37 se emitieron a las autoridades penitenciarias, recomendaciones antecedidas de 43 riñas, 318 lesionados, 32 homicidios, 18 presuntos suicidios y 24 muertes por enfermedad.
Domínguez Campos señaló que hay 74 personas fallecidas en los últimos años en los centros penitenciarios del estado, una muestra del “incumplimiento de las obligaciones del estado garante de las personas privadas de la libertad, la insuficiencia de medidas y acciones necesarias para garantizar el orden, la disciplina, la seguridad y la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios”.
Agregó que también deja clara “la insuficiencia de personal de seguridad y custodia que garantice la supervisión y vigilancia eficiente y constante de los centros, la ineficiente revisión en el ingreso de personas, vehículos y objetos”.
Por ello, consideró urgente que las autoridades fortalezcan el control, la seguridad y la gobernabilidad de los centros penitenciarios.
En el recuento de los seis años como presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez puntualizó que emitieron 27 recomendaciones a Policía Estatal Preventiva (PEP) y Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV).
“Cada vez más policías están en las calles ejecutando sin orden de autoridad competente, detenciones ilegales y arbitrarias, mediante el uso excesivo de la fuerza pública”.
“Además, realizan revisiones ilegales en retenes y operativos policiales improvisados, carentes de fundamento que no inhibe a la delincuencia, pero sí cometen actos de abuso”, afirmó.
A la PEP se le acreditaron dos casos de desaparición forzada. Por violación grave de derechos humanos fueron emitidas 39 recomendaciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por faltas al derecho de acceso a la justicia.
“La población espera que las autoridades de procuración de justicia realicen investigaciones con debida diligencia, esclarezcan los hechos, identifiquen a los responsables, acrediten lo necesario para que sean enjuiciados y debidamente sancionados”.
Agregó que fueron 48 recomendaciones a las autoridades municipales por abusos policiacos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública, afectaciones a la integridad personal y la muerte de cuatro personas en separos preventivos municipales.
“Debido a este tipo de actuaciones 73.3 por ciento de la población zacatecana tiene desconfianza en sus policías, así lo establece la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”, recordó.
Desatención
La titular de la CDHEZ aseguró que las políticas implementadas por el gobierno del estado para atender los problemas sociales de la entidad han sido ineficaces.
Advirtió del caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), que rechazó la recomendación con respecto al pago del aguinaldo a jubilados y pensionados y solicitó a la LXIV (64) Legislatura para que convoque a comparecer al director Ignacio Sánchez González y justifique los motivos por los cuales se negó.
También fueron ejecutadas 13 recomendaciones a la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) por haberse acreditado vulneración al derecho de acceso a la salud, por lo cual se solicita a las autoridades respetar y garantizar el cumplimiento de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los servicios y con ello evitar que personas mueran por falta de servicio médicos y atención oportuna.
Domínguez Campos agregó que sumaron 16 recomendaciones a la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), de las cuales 10 fueron por abuso sexual infantil, “por lo que solicitamos fortalecer las medidas de prevención, detección y actuación inmediata en estos casos”.
Reiteró que “a los docentes denunciados del grupo, investigando inmediatamente los hechos y en su caso, rescindir la relación laboral”.
Enfatizó que “los agresores sexuales son un cáncer social que deben ser severamente castigados. Por ello hemos pedido a las autoridades educativas que se genere un registro estatal de docentes y administrativos agresores sexuales para evitar que nuevamente sean contratados en escuelas públicas o privadas”.
A estas se suman 26 recomendaciones por agresiones contra las mujeres por razones de género y siete de tipo obstétrico, “por haberse acreditado violaciones a la salud, a la vida y a violencia obstétrica de durante el embarazo, parto y puerperio”.
De ahí que Luz Domínguez solicitó a las autoridades de salud se respete y garantice la autonomía, dignidad y derechos humanos de las mujeres.
Al finalizar, María de la Luz Domínguez expresó: “culmino una etapa, pero seguiré trabajando intensamente en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos y contribuyendo desde la academia por hacer posible la libertad, la justicia, el desarrollo y la paz en Zacatecas”.