Jorge Rada Luévano, abogado litigante, advirtió que la retención que realizó la Secretaría de Finanzas (Sefin) al Poder Legislativo “es un acto inconstitucional, porque no existe ningún ordenamiento legal que permita a un poder retener sus recursos económicos a otro poder”.
El abogado explicó que “la ilegalidad, la inconstitucionalidad deriva de que se ejecutó esta acción sin una norma que los faculte, lo que se hizo entonces es evidentemente responsabilidad de la Sefin y de su titular (Ricardo Olivares Sánchez)”.
Incluso advirtió que este conflicto en el congreso local de la retención de los recursos asignados al poder legilativo, “genera sin dudas la posibilidad de presentarse una Controversia Legislativa Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Agregó que esta situación no sólo atañe a la SCJN, “sino que es pertinente la intervención de las autoridades locales como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la contraloría interna de a Sefin, en virtud de ser evidentes el uso abusivo de facultades por parte de ésta”.
Consideró además imprescindible la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en la apertura de una carpeta de investigación por las conductas ilícitas cometidas por los servidores públicos responsables.
En este sentido, reiteró que le principal responsable es Olivares Sánchez como secretario de Finanzas “por atender una petición y no hay ningún ordenamiento legal para la retención de los recursos, es una simple solicitud”.
Destacó que en caso de que la retención del dinero afecte a los trabajadores “se estará cometiendo el delito de retención de salarios, entonces los empleados de gobierno del estado podrían iniciar una denuncia penal por este hecho”.
Incluso calificó el hecho como “un desafío jurídico, porque cualquier abogado puede ver que esto que se hace es fuera del marco legal, están pisando la responsabilidad administrativa con estas acciones que contravienen la Constitución”.
