El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la acusación de responsabilidad resarcitoria contra Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dictada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin embargo, el proceso penal continúa en contra suya.
Jorge Rada Luévano, representante legal de Pedro de León, informó que la orden de aprensión liberada contra el ex funcionario federal sigue vigente por el presunto delito de abuso y uso indebido de funciones, “es la principal acusación”.
El abogado litigante explicó que el juicio por la vía penal no ha avanzado “porque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no nos ha permitido presentar pruebas a favor del imputado”.
Es por este motivo que el proceso penal que se le sigue a De León Mojarro continúa vigente “porque la Fiscalía nos ha negado los actos de investigación, esto es la utilización de las herramientas de gobierno en prejuicio de los ciudadanos, porque el Código de Procedimientos Penales prevé, también para los imputados, la aportación de pruebas y en este caso nos lo han impedido”.
Aclaró Rada Luévano que en el tema administrativo “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó mediante una auditoría y en una resolución administrativa, fincarle un crédito resarcitorio a mi cliente (de León Mojarro)”.
Ante esta, se promovió un juicio de nulidad ante el TFJA, “en este caso logramos que el tribunal desistiera de todos los conceptos y determinó la nulidad lisa y llana del crédito resarcitorio y absolverlo (a Pedro de León) de cualquier responsabilidad por la vía administrativa”.
Pese a haber ganado ante esta instancia, “el tribunal aún tiene la opción legal de presentar un recurso de revisión, pero sería imposible que se diera trámite a esa instancia en virtud de que las violaciones de fondo y forma, es decir, que mi cliente no intervino en la firma de los convenios y su rúbrica fue falsificada”.
La resolución, presentada en el pleno del TFJA por el magistrado Carlos Chaurand Arzate, analizó las acusaciones en contra del ex funcionario federal, entonces colaborador de Rosario Robles, derivadas de una auditoría a un convenio firmado entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Sedesol en 2013.
Dicho convenio fue signado sin la verificación de que la universidad contaba con la capacidad material, técnica y humana para el cumplimiento del objeto del mismo.
A De León Mojarro se le responsabilizó por su omisión al no haber verificado que la universidad contara con esas capacidades para cumplir con lo establecido en el convenio, lo que derivó en un desfalco al erario.
Sin embargo, el abogado precisó que su cliente firmó en calidad de testigo, “entonces no se le puede acusar de ser parte de este conflicto, por no ser el responsable de tales actos”.
Ante esta resolución, el ex funcionario federal aún debe enfrentar el proceso penal en contra suya y la orden de aprensión continúa vigente por lo que existe la posibilidad de que sea detenido por la autoridad competente.
