La entrada en vigor de la norma mexicana NOM-247-SE-2021, que regulará la venta de inmuebles, cambiará no solo las reglas de comercialización de vivienda, sino que evitará fraudes.
Fernando Rodríguez Bustamante, presidente del Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP) de la Ciudad de México, indicó que la nueva normatividad busca acabar con la publicidad engañosa y proteger al usuario que quiere adquirir un bien inmueble.
Actualmente, en el mercado se comercializan inmuebles con publicidad falsa en la que incluso se utilizan logotipos de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) para convencer a las personas de comprar sus viviendas.
«Son principalmente las viviendas de nivel medio a nivel alto, departamentos que van con valor de los tres a los 10 millones de pesos, los inmuebles más susceptibles de venderse bajo publicidad engañosa. En ocasiones se anuncian con características con las que no cuentan, por ejemplo», dijo Rodríguez Bustamante en la sexta edición de los Premios Inmobiliarios de Vivanuncios 2022.
Asimismo, detalló que dicha ley establece que queda prohibido incluir en la publicidad o información toda leyenda que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando estas carezcan de la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente.
El presidente de GIZP indicó que con estas medidas será más difícil que se lleven a cabo fraudes por las empresas inmobiliarias, dado que ahora los consumidores podrán solicitarle a los desarrolladores información sobre de dónde vienen sus recursos para invertir, por ejemplo.
La NOM también pretende acabar con los vicios legales durante la operación de compra de un inmueble, pues indica que los contratos en preventa o bajo promesa de compraventa tendrán que estar bajo un dominio de adhesión.
«Esto tiene la intención de que no existan artículos o cláusulas abusivas o engañosas en contra de los compradores y que sea la Profeco la que califique los contratos y penalice prácticas inadecuadas», enfatizó.