Los fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos buscan detener el litigio de México en su contra antes de la etapa de pruebas porque ahí tendrían que explicar la ruta que siguen éstas hacia el País, donde son usadas por criminales, dijo Alejandro Celorio Alcántara, Consultor Jurídico de Cancillería.
Un día después que las empresas pidieron a un juez de Boston desechar la demanda civil por improcedente, el funcionario sostuvo que el Gobierno mexicano tiene argumentos legales que respalden este proceso por daños contra particulares.
«Buscan detener el litigio desde este escrito de respuesta, esperamos que como otros litigios no quieren llegar a la etapa de producción de pruebas, al juicio central sobre la materia de demandas, donde podríamos nosotros probar nuestro dicho y revelar cómo y cuál es el nexo causal en sus conductas negligentes y daños que señalamos», expresó en el Seminario «La Batalla de Boston», en el Colegio de México.
«La demanda se trata sobre prácticas negligentes que facilitan el comercio ilícito de sus productos hacia nuestro País, sobre eso se refirieron muy poco. Aquí la parte interesante del juicio, y no quieren que lleguemos a eso, es la trazabilidad, las empresas de armas tienen a su disposición la ruta que sigue su producto desde que fabrican, venden y se encuentra en escena del crimen».
Celorio Alcántara señaló que las armas que se usan en México, y que utiliza el crimen organizado, pueden ser rastreadas desde el punto de encuentro hasta el punto de fabricación.
«No es información pública, las empresas la tienen y en juicio podríamos tener esa información, sería valiosísimo para acreditar el nexo de causabilidad», añadió.
En el evento, moderado por el politólogo Sergio Aguayo, se detalló que se prevé que hasta antes del 31 de enero próximo el Gobierno presente la réplica a los argumentos que ayer ofrecieron en un escrito en conjunto, y también por separado, las empresas demandadas por daño civil.
Asimismo, las fabricadoras y vendedoras emitirán su réplica el 28 de febrero. Posteriormente, el juez programaría una audiencia para presentar argumentos orales y determinar si procede el litigio o se desecha.
«Buscamos demandar en Massachusetts porque pensamos que el juez será más sensible en derecho internacional, ahí tenemos que vincular a demandados con nuestros señalamientos, este litigio es contra empresas, cuyos productos representan la mayoría de armas que se han decomisado en México, como estrategia queríamos demandar a las 11 empresas en este Estado, en lugar de donde cada una tiene su fábrica u oficina central», apuntó en el seminario virtual.
Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, afirmó que, pese a esta demanda internacional, en México no existe una política en la que estén involucradas todas las instituciones en contra del tema de las armas.
«Está parada una reforma federal de armas, cómo se distribuyen estas armas a nivel local, no hay una política de Estado frente al tema de las armas, hay una política de Cancillería, pero que no se traslada a las demás instituciones mexicanas», planteó.
Ayer, firmas como Glock, Barret Firearms, Sturm Ruger & Co y Colt pidieron al juez Dennis Saylor desechar la demanda, la cual se presentó el 4 de agosto, con varios argumentos, uno de ellos, que las cortes federales de Massachusetts no tienen jurisdicción para resolver una disputa por hechos de violencia que ocurrieron en México con armas fabricadas legalmente.