ZACATECAS.- El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, acudió al Congreso del Estado a comparecer y aclarar dudas de los diputados sobre la propuesta del Presupuesto de Egresos para 2019, presentada por el titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Tello Cristerna.
El proyecto contempla 32 mil 433 millones de pesos: 23 mil 705 millones de pesos para el Ejecutivo; 470 millones para el Legislativo; 513 millones de pesos para el Judicial.
Para organismos autónomos, se destinaron 2 mil 807 millones y para los Municipios 4 mil 935 millones de pesos; entre las áreas prioritarias, el secretario de Finanzas enumeró los programas contra la violencia de género, para la evaluación al desempeño, aumento en recursos para seguridad y cumplimiento a los ayuntamientos.
En su exposición, Miranda Castro resaltó los escenarios financieros que podría enfrentar el estado. Se perciben escenarios de “incertidumbre presupuestaria”, por política fiscal en el país norteamericano, que podría reducir el precio del petróleo, afectando la recaudación del país.
Además, explicó que, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en las áreas financiera y económica hay altibajos que generan posibles riesgos para el estado.
Entre las dificultades enumeró la previsión de una disminución de participaciones federales, la caída en la bolsa mexicana de valores y los cambios en la tasa de interés, así como ingresos tributarios que se basan en mayor fiscalización.
Reconoció que, en reuniones con el presidente de la República y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, se manifestó voluntad para solucionar el problema del gasto en educación, lo que Jorge Miranda destacó como oportunidad para aliviar las complicaciones financieras de Zacatecas.
Asimismo, mencionó que hay optimismo en que la Federación ahora desista de la controversia que interpuso el entonces titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a los impuestos ecológicos que implementó el gobierno del estado en 2017.
De ser así, expuso que la nueva administración daría un mensaje de “fortalecer el federalismo hacendario” y “el reconocimiento de la legitimidad de las entidades para el cobro de estas contribuciones”.
Reprochan aumentos a dependencias, recortes para otras
En respuesta a la presentación del titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) sobre el presupuesto del próximo año, los diputados locales cuestionaron aumentos a la Secretaría General de Gobierno, la Oficina del Gobernador, el DIF estatal, el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) y la propia dependencia que encabeza Jorge Miranda.
En su intervención, Omar Carrera, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reprochó a Miranda Castro que “verdades a medias son mentiras completas”; al puntualizar inconsistencias en el pago de la deuda pública; al referir que el secretario, en su comparecencia de noviembre ante la LXIII (63) Legislatura, defendió las bondades del refinanciamiento, con lo que disminuirían intereses y quedaría hasta en 6 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, criticó que en contraste se contrataron al menos cinco créditos cortos, según reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que la deuda “actual y real” del estado asciende a más de 8 mil 650 millones de pesos.
Advirtió que, para amortiguar la tan anunciada eliminación de la tenencia vehicular, se implementará una nueva carga tributaria y aumentos en el control vehicular, así como el impuesto de infraestructura pese a que, subrayó, “se ha demostrado que está en total ilegalidad”.
José Juan Mendoza Maldonado, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al funcionario de estar convirtiéndose en un “burdo rentero del gobierno del estado”.
Recordó que, en el sexenio de Miguel Alonso Reyes, hubo funcionarios que crecieron su patrimonio inmobiliario y acusó a Miranda Castro de repetir este patrón en la actual administración.
Además, el legislador llamó al funcionario estatal “compadre de Guillermo Huizar” y “mentidorsillo burdo”, toda vez que calificó sus explicaciones como “discurso engañabobos”.
A propósito de la deuda pública, Mónica Borrego, también de Morena, cuestionó que no haya consecuencias administrativas ni jurídicas para las omisiones del gobierno de Miguel Alonso y por lo que fracasó la incorporación de la nómina magisterial al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en 2015.
Exigió que se aclare qué compromisos aceptó el gobierno del estado y la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para que la Federación les diera el apoyo extraordinario que se requirió para cerrar el año.
Fue otra de quienes pidieron “actuaciones administrativas y judiciales” para castigar a los responsables de la deuda, pues resaltó que sólo para ese rubro se irán casi mil millones de pesos del presupuesto para 2019 en el estado.
Por su parte Alma Dávila, de Morena, contrastó que mientras a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Jehú Salas Dávila, se le dieron 303 mil pesos sólo para “reuniones con concesionarios”, a otros rubros de necesaria atención como “para prevención de embarazo adolescente e infantil”, se destinó al igual 300 mil pesos.
Mencionó también que la Subsecretaría de Prevención del Delito sólo se le destinaron 11 millones de pesos y que las plazas que se logren con el Programa de Retiro Voluntario serán para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y no para prevención.
Además, exhibió la duplicidad de programas, también detectada por la Coordinación Estatal de Planeación (Coepla).
También argumentó que lo que hace inefectivo el presupuesto, y reclamó que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), cuya presidente honorífica es Cristina Rodríguez Pacheco, obtenga un incremento para llegar a un presupuesto de más de 500 millones de pesos.
Detalló que sólo para el Patronato de Voluntarios se etiquetan 9 millones de pesos y contrastó que al DIF estatal se le asigne casi el doble de presupuesto que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando en el organismo asistencial no se mide el impacto que existe para grupos vulnerables, mientras que en la dependencia gubernamental sí.
En este reclamo coincidió Javier Calzada, del Partido Encuentro Social (PES), quien expuso que a nivel local no se siguen las directrices dispuestas en la Federación, que pasó los recursos del DIF a la Secretaría de Bienestar.
El legislador se quejó de que al Congreso se le haya quitado el recurso de las Herramientas Legislativas, “para evitar el reparto de apoyos sociales”, cuando la Secretaría de Desarrollo Económico organizó posadas en las que repartió electrodomésticos y “hasta pantallas”, acto que calificó como un “claro propósito electoral”.
Roxana Muñoz, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reiteró la molestia en que se destine más dinero a oficinas del gobernador, con una variable de hasta más de 300 millones de pesos, cuando aseguró que estas dependencias tienen un uso cuestionable del presupuesto.
El campo fue otro de los temas más abordados. Calzada criticó que no haya especificaciones sobre el parque agroindustrial anunciado. En este tema, Jesús Padilla, de Morena, y José Guadalupe Correa Valdéz, del Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron que se clarifique en qué se usará el presupuesto y que no se vaya a nómina, sino a apoyos para los productores.
Por último, José María González Nava, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reprochó que el gobierno federal abandonara al agro con la disminución de las partidas que se recibirán este año.
