Una mirada al mundo de la mujer indígena revela que cuatro de cada cinco de estas mexicanas son víctimas de la violencia obstétrica, una situación que se refleja en el maltrato, humillación, ridiculización y agresiones psicológicas, físicas y verbales durante el control médico del embarazo, el parto o al solicitar atención en los servicios de salud, denuncia Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Los descendientes de los pueblos originarios son los más desprotegidos, sufren más agresiones en todas sus formas y las mujeres con hijos son las que resienten la mayor carga de estereotipos y una cultura violenta en distintos ámbitos de la vida, alerta, en vísperas del Día de las Madres.
Los casos de violencia obstétrica son muestra de la discriminación y carencias que enfrentan las indígenas. Se han documentado incidentes de parto en la recepción, pasillos o en jardines de los hospitales al serles negada la atención médica.
En la atención a las indígenas, con frecuencia, se incumplen lineamientos de práctica médica y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues se les realizan cirugías sin su autorización o el de su pareja o acompañante. El trato es precario, insuficiente, de mala calidad y violento.
Sin los cuidados establecidos por distintas normas nacionales e internacionales, sus niños nacen con carencias graves, como desnutrición. “Estamos ante una práctica de violencia obstétrica sin control que representa un problema de salud pública”.
Se requieren estrategias transversales y de género que sancionen estas prácticas negativas como delito y diseñar campañas masivas para crear conciencia entre la población para no considerar a este grupo como ejemplo de pobreza y una carga por tener hijos y mendigar en las calles. Es necesario un esfuerzo integral sin escatimar recursos, recomendó.
“Las madres indígenas no sólo son el último eslabón de una cadena perversa de sometimiento machista, sino las guardianas de la tradición y la cultura originaria”, sostuvo la especialista.
En un muestrario de males se cuentan que la violación de los derechos humanos y reproductivos de las indígenas se expresa en burlas, ironías, regaños, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento.
Estas agresiones incluyen el uso de anticonceptivos, esterilización de las pacientes sin su consentimiento o negar a las madres la posibilidad de cargar y amamantar a sus bebés. Además, se les responsabiliza de recibir un trato deficiente por no hablar español.
De acuerdo con estimaciones oficiales, en el país hay más de seis millones de mujeres indígenas y seis de cada 10 están en etapa reproductiva. En promedio, comienzan su vida sexual a los 16, aunque se reportan casos en que la edad disminuyó a los 12 años.
Su tasa global de fecundidad es de 3.23 hijos, en comparación con las no indígenas que tienen 2.1. El 45.8 por cierto de las primeras debe pedir permiso para usar anticonceptivos, respecto al 34.9 por ciento de mujeres de otra procedencia en la misma situación. En Chiapas y Oaxaca —las entidades con mayor número de habitantes de lenguas originarias— se reporta el índice de desabasto de herramientas de control natal más elevado.
