México.- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá informar del “Plan de Operaciones Número Uno: Rastreo” contra la Liga Comunista 23 de Septiembre en la década de los 70, según instruyó el IFAI.
Un particular solicitó esa información a la PGR, la cual respondió que está reservada al considerar que su difusión “revelaría el estado de fuerza de la Procuraduría, llámese número de agentes del Ministerio Público, armamento, parque vehicular, estrategias u otros datos”.
Por ello el solicitante presentó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) un recurso de revisión, al considerar que la información no revela el estado de fuerza de la dependencia, ya que fue elaborada en 1976 por la Dirección Federal de Seguridad, que ya está extinta.
La PGR reiteró en alegatos la clasificación de la documentación y detalló que ésta se encuentra reservada, al ser parte de una averiguación previa y no por que esté vinculada al “estado de fuerza” de la dependencia federal.
“Derivado de una audiencia de acceso la PGR indicó que en 2010, con el objeto de integrar una averiguación previa, requirió al Archivo General de la Nación este plan de operaciones, que le fue proporcionado en copia certificada. Asimismo reconoció que cuenta también con copias simples de este documento, las cuales están inmersas en otras averiguaciones en trámite”, detalló.
En un comunicado del IFAI se informó que al analizar el caso, la comisionada Sigrid Arzt Colunga recordó que en 2001 se conformó una fiscalía que atendería hechos relacionados con la desaparición de personas por motivos políticos.
El acceso a la información en este tenor estuvo disponible en el Archivo General de la Nación, entre ella la correspondiente a la Dirección Federal de Seguridad, que fue la dependencia que elaboró el plan solicitado por el ciudadano.
“No se advierte que la difusión de la información que en su momento fue de carácter público, cause un daño o afectación a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes o persecución de los delitos ni que ocasione un daño a las atribuciones que ejerce el Ministerio Público durante la averiguación previa”, manifestó.
Arzt Colunga consideró que aunque las actuaciones que integran una averiguación previa, así como los documentos que obran en ella, tienen carácter de reservado, hay una excepción cuando los delitos a perseguir son de tal gravedad que el interés público sobrepasa la reserva para conocer las diligencias de investigación.
“En el caso concreto, el presunto delito perseguido es el de desaparición forzada de personas, lo cual es considerado como crimen de lesa humanidad y, como tal, trascendió a nivel nacional e internacional”, expuso la comisionada.
Mencionó que el citado plan fue entregado por la extinta Dirección Federal de Seguridad y no por un particular con el carácter de confidencial, por lo que pasó a los archivos de la Coordinación General de Investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a fin de desahogar los asuntos pendientes.
En este sentido, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos votó por unanimidad revocar la respuesta de la Procuraduría General de la República e instruirle entregar al solicitante la información.