Zacatecas.– La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) aseguró que sería legal auditar los recursos entregados por el gobierno a la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ante presuntas irregularidades.
Jesús Manuel Mendoza Maldonado, comisionado de la CEAIP, consideró que hay una confusión y una mala interpretación en las declaraciones del diputado Jorge Luis García Vera, del Partido Nueva Alianza (Panal), en las que expone que los sindicatos son autónomos y que auditarlos atentaría contra este principio.
Dijo que “todas aquellas instancias jurídicas y morales que reciban recursos públicos están obligadas a rendir cuentas”, como lo establece el artículo quinto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Manifestó que la Ley General de Educación, en su artículo 30, también indica que “toda persona moral, organización civil o sindicato que reciba recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, deberá proporcionar a los entes públicos información relativa al uso, destino y actividades que realicen”.
En ese sentido, Mendoza Maldonado acotó que no serían auditables las cuotas de 100 pesos que aportan los maestros afiliados al SNTE, pues no son recursos públicos; para ello, el sindicato tiene sus propias revisiones y su contraloría.
Afirmó que, para proceder a la auditoría, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) debe entregar el reporte de los recursos públicos entregados al SNTE.
El 14 de junio, el diputado Ramiro Rosales Acevedo, del Panal, presentó al pleno de la LX (60) Legislatura una iniciativa de exhorto al Ejecutivo para que se auditen los recursos entregados a la Sección 34 del SNTE durante la gestión de Pedro Padilla como secretario general, de 2008 a 2012.
En contra de la propuesta se manifestó el legislador Jorge Luis García Vera, también del Panal, quien dijo que esta iniciativa nació de “pleitos personales entre los líderes y exlíderes sindicales” y que pasaba por alto los mecanismos de la organización para auditar y transparentar sus recursos de forma autónoma.
Sin embargo, aceptó “que se revisen nuestras cuentas de banco, que se revise de dónde obtenemos los recursos y cómo hemos comprado lo que tenemos”.
A petición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la iniciativa fue considerada como de urgente y obvia resolución, y omitiendo los trámites legislativos regulares, se procedió a su discusión y fue aprobada por mayoría.