Zacatecas.- El procurador de justicia del estado, Arturo Nahle García, reconoció que se desconocen los motivos de los operativos y cateos hechos por la por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Policía Federal (PF), a las casas Prodira instaladas en Zacatecas.
Tras reunirse este jueves con trabajadores que sostienen un plantón en Plaza de Armas, por la clausura de las casas de valores, el procurador dio a conocer que le informaron que el gobierno del estado, así como empresarios gasolineros tienen dinero en esas casas.
“Eso es lo que dicen ellos, no sé si sea cierto, que dentro del dinero que aseguraron a Prodira hay recurso de Finanzas, del Issstezac y algunos gasolineros”, expresó.
Nahle García, comunicó que se solicitó ya a la PGR información sobre la situación de los cateos, si existen órdenes de aprensión y en base a qué se han hecho, pues dijo que no sólo se han cerrado los establecimientos, sino que incluso se ha cateado el domicilio del propietario.
El funcionario estatal, explicó que el asunto es de competencia federal por el presunto delito que se investiga.
Nahle García, informó que se giró ya a la PGR el escrito de los manifestantes, pero hasta el momento aún no recibe respuesta.
Además, refirió el malestar del personal por las acciones de elementos federales y castrenses, pues “ojalá se hubieran limitado a simples cateos y no a cerrar los establecimientos”.
Poco después del medio día, trabajadores de al menos 20 casas de cambio Prodira y Trasteva ubicadas en el estado, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, para exigir al mandatario Miguel Alonso Reyes, que intervenga en el caso de la clausura de dichos establecimientos.
Al grito de “Que salga el gobernador”, “Queremos justicia” y “Prodira es legal”, casi un centenar de personas se apersonaron en la Plaza de Armas para manifestar su inconformidad por la pérdida de sus empleos.
María de la Luz Pérez Faz, cajera de una sucursal Prodira, señaló que pese a que las investigaciones las realizan autoridades federales, es necesario que el gobernador intervenga para que no se cierren las fuentes de trabajo.
Y es que afirmó que las empresas siempre han cumplido con los lineamientos legales, pues incluso sólo se permite cambiar hasta 300 dólares por persona, con identificación de elector y hasta mil 500 como máximo si el cliente presenta comprobante de domicilio y CURP.
Un promedio de 148 trabajadores se han visto afectados por el cierre de las casas, y aunque las investigaciones las realizan autoridades federales, pidieron la intervención del titular del Ejecutivo Estatal.
Los manifestantes revelaron que desde el pasado 20 de abril, el gerente de Prodira, Édgar García Ayala está detenido por presunto lavado de dinero, quien es hermano del dueño de las casas de valores en la entidad, Filemón García Ayala.
A penas el pasado 26 de junio, agentes de la SIEDO desplegaron operativos contra el empresario zacatecano Filemón García, a quien se mantendría bajo investigación por enriquecimiento ilícito, y a la fecha se desconoce su ubicación.
También participaron en la protesta y denunciaron excesos de autoridades federales, hermanos del detenido, quienes opinaron al respecto.
Benito García, lamentó esta situación, toda vez que están “legalmente constituidos y establecidos”, además han cumplido con auditorias.
“Si no hacemos algo nos van a matar y yo como hermano, estoy ahí metido, se está trabajando de forma legal y hay gente que tiene hasta 23 años trabajando”, expresó.
Cabe mencionar que simultáneamente autoridades federales han realizado cateos en sucursales de otras entidades del país, como Guanajuato, Michoacán y San Luís Potosí, entre otras.
En la entidad, dichas empresas tienen presencia en municipios como Jerez, Miguel Auza, Río Grande, Fresnillo, Tlaltenango y Valparaíso.