Zacatecas.- Edith Ortega, presidente de la asociación civil Manuel Ortega “El Pariente”, anunció que, derivado de la omisión gubernamental para atender el problema de los habitantes de Salaverna, Mazapil, a quienes una empresa minera pretende desalojar, buscarán el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Explicó que, ante la pasividad de la Federación y el estado, así como de la Legislatura local, ya se comunicaron con esta asociación civil, que verificará las condiciones de vida de los habitantes de esta comunidad del semidesierto zacatecano.
Ortega recordó que existen presiones de la Minera Frisco Tayahua para que abandonen los terrenos que han habitado por más de 100 años, hay escasez de agua potable y hasta se han visto obligados a comprar el vital líquido a empresas privadas.
Reprochó que, desde octubre pasado, la diputada local Lucía del Pilar Miranda, actualmente con licencia, propuso la instalación de una comisión intersecretarial que revise las condiciones de los pobladores de Salaverna, pero a la fecha no hay resultados.
“Que no se les ocurra a los gobiernos federal y estatal sacar a los habitantes de Salaverna, y que dejen de defender a las empresas mineras”, exigió la perredista.
Además, indicó que el ex alcalde de Mazapil Gregorio Macías Zúñiga no dejó concluido el asunto, por lo que exigieron al ahora diputado estatal que pruebe que sí resolvió la problemática entre los ejidatarios y la minera propiedad de Carlos Slim.
Y aunque desconoció el número de hogares afectados, Edith Ortega expuso que entre las presiones hacia los habitantes de Salaverna se encuentra la entrada de bulldozers que tiran las casas instaladas en el predio, para que se instalen en Nuevo Salaverna, bajo la amenaza de “se salen o los salen”.
“El gobierno federal y estatal se han aliado para sacar a los compañeros como si fueran basura”, indicó, tras pedir un equipo técnico que verifique las condiciones de los dueños y posesionarios.
Abundó en que la autoridad agraria, al determinar que éstos son terrenos nacionales, “quieren agandallar los terrenos” y buscar la forma de no respetar los derechos de los ejidatarios cuyas familias habitan ahí desde hace más de cien años.